La acción de reparación directa es el mecanismo judicial mediante el cual los particulares pueden reclamar al Estado la indemnización por daños antijurídicos derivados de hechos, omisiones, operaciones administrativas u ocupación temporal o permanente de inmuebles.
El artículo 90 de la Constitución Política establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Los elementos estructurales de la responsabilidad estatal son: (i) un daño antijurídico, (ii) imputable a la administración, y (iii) un nexo de causalidad entre ambos.
